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Ayuntamiento de Santa Ana pactó con delincuentes el trienio pasado…

Posteado por on May 26th, 2010 y Archivado en FOTO GALERIA, REGIONAL. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada por medio de RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o trackback a esta entrada

Ayuntamiento de Santa Ana pactó con delincuentes el trienio pasado…

Tomado de la revista 7 de Junio

El ex presidente de Santa Ana, Sonora, tiene una bronca atravesada: la Contraloría General del estado detectó un fraude, por 3.7 millones de pesos, cometido por él y altos funcionarios de su ayuntamiento, “ayudados” por un empresario… que está preso por los delitos de venta de cocaína y corrupción agravada de menores. La operación millonaria se llevó a cabo mediante el Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento (Oomapassa) del municipio.

El desvío de recursos se detectó en septiembre pasado, y entonces se ordenó una auditoría a la administración saliente.

Según las pruebas, el desvío provino de un préstamo por 5 millones 519 mil 706 pesos, solicitado en noviembre de 2008 a la Comisión Estatal del Agua (CEA). Por dicho crédito, los habitantes deberán pagar alrededor de 11 millones de pesos durante 14 años.

Detectan fraude

El crédito, entregado a Oomapassa a través del Fideicomiso Fondo Revolvente del estado de Sonora y validado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tenía como propósito instalar 2 mil 412 micro medidores en viviendas y comercios del casco urbano. Los trabajos, de acuerdo con un dictamen de la Contraloría General del estado, nunca se realizaron.

Según la contraloría, fueron seis los contratos que suscribió el ayuntamiento de Santa Ana con dos empresas proveedoras para realizar los trabajos de medición, pero las irregularidades más pronunciadas se concentraron en cuatro de ellos relativas a la micro medición.

En el primero, referente a la adquisición de 3 mil 500 ahorradores de agua, se observó que dicha compra no estaba contemplada en la solicitud de crédito enviada por el ayuntamiento mediante oficio PS08/121 al Congreso estatal.

Además, en este caso, se elaboró indebidamente un contrato de prestación de servicios para la adquisición de materiales, pero debió realizarse uno de adquisición. El contrato de servicios se realizó bajo el procedimiento de adjudicación directa, pero según el rango que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2009, éste debió establecerse por invitación, por lo menos a tres personas.

En el caso de los contratos relativos a la instalación de micromedidores, las irregularidades son exactamente las mismas: el expediente único del contrato no presenta la revisión detallada de las propuestas, sólo el comparativo de las mismas y el puntaje de revisión obtenido en cada una de ellas.

 Las fianzas de anticipo se encuentran ejecutadas por el monto antes de IVA, pero debieron haber estado elaboradas por la totalidad de los anticipos otorgados, respectivamente. Además, la estimación única presenta factura con fecha 8 de julio y su pago el 9 de julio de 2009, según el estado de cuenta; sin embargo, en actas de Cabildo, la estimación o presupuesto del costo total de la obra presenta fecha de elaboración del 15 de septiembre de ese mismo año.

De acuerdo con un estado de cuenta proporcionado por HSBC, del 24 de abril al 9 de julio del año pasado, el ayuntamiento expidió seis cheques a través de este banco por un total de 3 millones 724 mil 772 pesos, a nombre de Teófilo Armando García Velázquez, el supuesto contratista que realizó los trabajos de micro medición. El primer pago lo realizó el 24 de abril por 517 mil 500 pesos, monto total de lo que supuestamente costaron los 3 mil 500 ahorradores de agua a razón de 147 pesos cada uno. Sin embargo, un aparato para optimizar el uso del agua no cuesta más de 15 pesos en cualquier ferretería. El segundo lo hizo tres días después por 814 mil 204 pesos con 12 centavos; ese mismo día, 27 de abril, también se expidió otro cheque por 586 mil 683 pesos con 67 centavos. Un mes después, el ayuntamiento realizó tres pagos en un mismo día, el 9 de julio, uno por 581 mil 582 pesos con 8 centavos; el otro por 807 mil 124 pesos con 9 centavos, y el tercero por 417 mil 678 pesos con 91 centavos.

Las estimaciones representan la autorización para el pago correspondiente, por lo que no debió realizarse ninguna erogación sin la presentación de la estimación autorizada por el responsable directo de la supervisión como lo establece el Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, regla que en este caso no se respetó. Mediante un oficio, enviado el 2 de julio de 2009 al ayuntamiento por Martín Rogelio Mexía Salido, coordinador general del Fideicomiso Fondo Revolvente del estado, se solicitó la programación de contrataciones de obra en mención, recordándole que debía cumplir con los requisitos estipulados en la Ley de Obras Públicas.

Nunca se tuvo acceso a la información de contrataciones y ejecución de las obras producto, hasta el pasado 29 de septiembre, cuando entró en funciones el nuevo jefe del Cabildo. También, durante la verificación física de los trabajos, se detectó que gran parte de lo que establecen los precios unitarios no se llevó a cabo, aunque fueron pagadas en su totalidad.

Además, durante la inspección domiciliaria se encontró que los medidores no presentan ruptura de banqueta, no se realizaron trabajos de excavación y relleno, tampoco se instalaron válvulas limitadoras ni los seis metros de tubería que debe llevar cada toma. En el almacén de la paramunicipal no se encontraron los materiales con que se realizarían las citadas obras.

Una fuente confidencial, que laboró en la administración anterior, reveló que tanto los ahorradores como los micromedidores fueron comprados en Estados Unidos e introducidos a México ilegalmente. No se encontró información en los archivos del ayuntamiento que compruebe su legal introducción al país a través de la aduana mexicana.

Cronología de una irregularidad planeada

El 9 de abril de 2009, a tres meses de la elección de alcaldes en el estado, la tesorera Marla Valdez de la Cruz fue designada por el todavía alcalde de Santa Ana, Eduardo García Jiménez, como encargada de presidir los actos de licitación a través de invitaciones. Se definieron las fechas de visita a los sitios de obra y junta de aclaraciones para arrancar los trabajos de micro medición del agua potable en el municipio.

De acuerdo las Actas de Cabildo, se estableció que el 13 de abril también se visitarían los sitios de obra, y un día después se celebraría la junta de aclaraciones.

El 14 de abril se celebra dicha reunión y sólo se “presenta” Teófilo Armando García Velázquez. El 20 de abril, el mismo se manifestó conocedor del resultado de la junta de aclaraciones. Además, se comprometió a ejecutar los trabajos correspondientes a más tardar el 12 de mayo de 2009. El 24 de abril, se decidió que la mejor propuesta era la de García Velázquez, de acuerdo con el dictamen del presidente municipal y la tesorera. Y se emite fallo ganador a favor de García Velázquez, con la presencia del alcalde, Eduardo García Jiménez; Marla Valdez de la Cruz; el secretario del Ayuntamiento, Martín Lugo Félix; el director de Obras Públicas, Pedro Vicente Fimbres; el contralor municipal, Blas Martín Méndez Zazueta, y el director de Oomapassa, Luis Enrique Camou León.

El 27 de abril se celebró contrato con Teófilo García y lo firman el munícipe y el síndico procurador Javier Moreno Valle. Se expide fianza para garantizar el contrato respectivo. Para entonces, sospechosamente, aún sin realizar ningún tipo de obra, García Velázquez ya había recibido 1 millón 918 mil 387 pesos. El 13 de julio, se realiza una inspección en el sitio de los trabajos de micro medición. Se presenta el empresario Teófilo García y lo acompañan los directores de obras públicas y de Oomapassa.

El 11 de septiembre, a cuatro días de que Eduardo García Jiménez dejara el cargo de alcalde, se expide fianza para garantizar el contrato 3/09. El 15 de septiembre, en que se agotó la administración 2006-2009, Teófilo García le comunica a éste la terminación de obras, al mismo tiempo que se realiza la estimación de las mismas; para entonces, el empresario constructor había recibido un total de 3 millones 724 mil 772 pesos.

El empresario, convicto

Al revisar al ayuntamiento saliente, la nueva Comuna intentó dar reversa a las obras a través de las fianzas depositadas por el contratista pero se llevaron una sorpresa: sólo fueron afianzadas con el 10 por ciento del total, cuando debían asegurarse al 100 por ciento. Además, la afianzadora “Primero Fianzas”, con la que se realizó la transacción, no cuenta con una sucursal en Sonora, pues la más cercana se ubica en Tijuana, Baja California.

Al tratar de ubicar físicamente a Teófilo Armando García Velázquez, a través de las facturas entregadas al ayuntamiento por las obras de micro medición, se detectó que la dirección calle Manuel I. Loaiza 109 en la colonia Balderrama, que aparece en dichos documentos fiscales es falsa.

Luego de una investigación se logró dar con la residencia actual de García Velázquez: el Centro de Readaptación Social de Hermosillo, en donde se encuentra preso desde el 6 de febrero de 2009.

Información que confirmó el coordinador general del Sistema Estatal Penitenciario, Saúl Torres Millán al asesor jurídico de la Comuna, César Nubes Victoria.

El crimen de García Velázquez: delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de venta, de clorohidrato de cocaína, bajo el proceso 22/2009 dictándole auto de formal prisión el 12 de febrero de ese mismo año. Y el otro:  el 9 de septiembre del año pasado, estando encarcelado García Velázquez, quedó a disposición del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal por el delito de corrupción de menores (agravado), bajo el proceso 308/2009; el 15 de septiembre de 2009 se le dictó auto de formal prisión, el mismo día en que la administración de Eduardo García Jiménez llegaba a su fin y cuando el supuesto empresario le comunicaba al ex alcalde la terminación de las obras y además le entregaba la estimación de las mismas.

En las comparecencias de los ex funcionarios municipales ante la Contraloría Municipal, entre ellos Eduardo García Jiménez, Armando Molina Arballo y Luis Enrique Camou León, además de Martín Lugo Félix, Marla Valdez de la Cruz y Pedro Vicente Fimbres, todos negaron conocer personalmente a Teófilo Armando García Velázquez, aunque las actas de Cabildo señalan todo lo contrario.

Sin embargo, cada uno de ellos reveló que siempre, para cada uno de los trámites, trataron con un hermano del falso empresario llamado Manuel García Velázquez, quien siempre recibió los cheques a nombre de Teófilo. Todo fue un engaño: Manuel cobró los cheques a nombre de su hermano, afianzó los contratos de las obras de micro medición, estuvo presente en la adjudicación de los trabajos respectivos y se presentó ante las autoridades municipales. (Claudio Tiznado)

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